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EL CERTIFICADO ENERGÉTICO, OBLIGATORIO Y NECESARIO

En España, en general es imprescindible contar con un certificado energético para vender o alquilar cualquier inmueble, ya sea un piso, una vivienda unifamiliar o un chalet, un local, una oficina, un bloque de viviendas, etc. La normativa que regula el certificado energético es el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

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El certificado energético debe realizarse siempre con carácter previo a la venta o alquiler de cualquier inmueble, incluso antes de realizar cualquier clase de anuncio, ya sea a través de inmobiliarias, plataformas de internet o mediante cartelería en el propio inmueble. No indicar la calificación energética obtenida en los anuncios del inmueble en venta o y/o alquiler, vender sin haber realizado previamente el certificado, o falsear el resultado del mismo, son algunas de las infracciones que se establecen en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, y que están sancionadas con multas que oscilan entre los trescientos y los seis mil euros.

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A la hora de formalizar cualquier operación de compra-venta o alquiler, el propietario tiene la obligación de entregar su certificado energético, junto a la etiqueta energética, al comprador o inquilino. También se solicitará el certificado energético a la hora de depositar la fianza de un alquiler en cualquier organismo oficial.

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CASOS EN LOS QUE NO ES OBLIGATORIO EL CERTIFICADO ENERGÉTICO

Los únicos casos en los que el certificado energético no es obligatorio, son los siguientes:

– Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25% de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda.

– Inmuebles que se adquieran para reformas importantes o demolición.

– Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

– Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.

– Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico.

– Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas.

– Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.

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